El portavoz adjunto del Partido Popular de Elche, José Navarro, ha mostrado su indignación al conocerse la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Elche a indemnizar a un funcionario Municipal sin haber trabajado en su puesto. Navarro ha declarado que “ha quedado patente la incompetencia manifiesta del Señor Abad para dirigir la concejalía de RRHH del Ayuntamiento de Elche”.

“El último episodio conocido nos cuesta a todos los ilicitanos 110.000€ que vamos a pagar todos porque el señor Abad no ha cumplido con su trabajo durante todo este tiempo. El Fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana evidencia y así lo indica el fallo que el Ayuntamiento de Elche va a tener que indemnizar a un funcionario que no ha trabajado en su puesto en 5 años, no porque éste tenga la razón, sino porque el señor Abad ha dejado que caducase el Expediente”.

Continuaba el portavoz adjunto “Conforme avanza la Legislatura se va ampliando la lista de concejales que se auto declaran incompetentes para realizar sus funciones al frente del gobierno Municipal. Primero fue la señora Margarita Antón que dijo que ella no entendía de contratos tras tres años al frente de la concejalía, y ahora se une a la lista el responsable de RRHH que se muestra incapaz de cumplir con su trabajo de responsable último de la Asesoría Jurídica permitiendo que tengamos que indemnizar a un funcionario que no ha pisado el Ayuntamiento en 5 años”.

Con este tipo de acciones se pone de manifiesto que están jugando y malversando el dinero público. Es inadmisible que por no haber cumplido con sus funciones y haber presentado las alegaciones pertinentes, se le vayan a pagar 110.000€ a un funcionario con tres sanciones disciplinarias¨ continuaba el edil popular.

El señor Carlos González debe tomar medidas inmediatas por negligencias como esta. Mientras deniegan ayudadas a ciudadanos, autónomos, comercios… se permite que el señor Abad derroche el caudal público por su incompetencia¨.

Pedimos la comparecencia inmediata del señor Abad para explicar el por qué ha permitido que caducase el expediente judicial sin haber presentado alegaciones al mismo, ocasionando el coste de los 110.000€ a todos los ilicitanos, y qué detalle sin los 110.000€ incluyen también el pago a la Seguridad Social¨, concluía José Navarro.

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