El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha sumado su voz, con la aprobación de una declaración institucional refrendada de forma mayoritaria, a la petición de una financiación justa para la Comunidad Valenciana, que establezca un nuevo modelo de reparto entre autonomías, ajustadas a su peso poblacional, que acabe y reconozca el déficit acumulado y establezca mecanismos de compensación.
La declaración institucional presentada de forma conjunta por los grupos Popular, Ciudadanos, Socialista y Compromís, a la que se ha adherido UP-EUPV, invita además a asistir a las manifestaciones convocadas el 20 de noviembre por la “Plataforma per un finançament just” en Alicante, Valencia y Castellón, a partir de las 18 horas, bajo el lema “Un poble unit per un finançament just”. Finalmente, la iniciativa ha salido adelante con 27 votos a favor de todos los grupos municipales, a excepción de los dos ediles de Vox, que han votado en contra.
En la declaración institucional se señala que “la Comunidad Valenciana sigue siendo la peor financiada. Son distintos informes los que avalan este hecho. El último de ellos, el de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), del pasado agosto, en el que se detalla que la financiación de la comunidad es un 10% inferior a la media del conjunto de comunidades de régimen común”.
Déficit anual de 1.325 millones
La financiación por habitante de las tres comunidades mejor tratadas por el actual sistema es un 27% superior a la de las tres más infrafinanciadas. Si se corrigiera esta financiación, se explica en el texto de la declaración, “la Comunidad Valenciana recibiría unos ingresos adicionales de1.325 millones de euros anuales”.
De acuerdo a las previsiones de este año, cada habitante de la Comunidad Valenciana recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 menos que la autonomía mejor financiada. Esto supone un 10 y un 29% menos de recursos, respectivamente. Explican los firmantes que “ésta es una situación insólita. Nuestra renta per cápita es de 12 puntos inferior a la media y, sin embargo, somos una autonomía que, aun siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para la ciudadanía de la Comunidad Valenciana”.
