La secretaria general del PPCV y síndica del Grupo Parlamentario Popular, María José Catalá, ha pedido explicaciones al Consell tras recibir parte del expediente por el que se otorgaba 80.000€ al sindicato UGT para celebrar el Congreso Confederal en Valencia el pasado mayo.

Entre la documentación entregada a la síndica, existe un informe de la Abogacía de la Generalitat en la que se pone reparos a la forma de conceder esta ayuda. En él recuerda que las subvenciones que se otorgan vía concesión directa son una “excepción al régimen general” y entiende que la propuesta del Consell “no resulta incompatible con la concurrencia y pueden existir otras entidades de la misma naturaleza que, de convocarse la subvención en régimen de concurrencia, tal vez concurrirían a la convocatoria para tener esta ayuda para la misma o similar finalidad”.

Puig va a tener que explicar a los valencianos por qué el Botànic ahoga a los autónomos a burocracia y requisitos cuando piden una ayuda, pero en cambio le da en vena 80.000€ al sindicato cabecera del PSOE”, ha señalado Catalá.

Por su parte, la portavoz del GPP ha recordado “que el Consell ha eliminado líneas nominativas a ONGS y entidades sociales como el CERMI o el Banco de Alimentos que hacen una gran labor social y las que ahora se ven abocadas a la vía de la concurrencia competitiva para conseguir una ayuda y poder funcionar. Todos obligados al papeleo y a la burocracia, excepto el sindicato afín del PSOE”.

El GPP ha registrado una batería de preguntas al Consell y ha solicitado todas las facturas que la UGT ha pasado para justificar la subvención recibida, y que asciende  a  255.000€ entre el dinero otorgado por el Consell, Diputación de Valencia y el gobierno de Ribó.

“Van a tener que explicar por qué se saltan el criterio de la Abogacía de la Generalitat y rendir cuentas de qué se ha pagado con el dinero público”, han señalado.

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