El pasado jueves, 13 de mayo el Partido Popular de Elche hacía pública la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción interpuesta al Gobierno Local del Partido Socialista y Compromís.

El portavoz popular, Pablo Ruz aseguraba que “la denuncia constaba de un total de 676 facturas, en las que existían reparos, por un valor de 961.169 euros en 2019 y 585.428 euros en 2020 y, en las que encontramos cómo el Ayuntamiento solicitaba servicios sin contrato a determinados proveedores o cómo se fraccionaban contratos para no someterlos a licitación como se desprende de los informes de la intervención municipal”.

El mismo día, el Ayuntamiento de Elche lanzaba un comunicado oficial en el que informaba que la exinterventora Inmaculada Sánchez y el interventor, Víctor Martí, habían sido citados como testigos por el órgano de anticorrupción alicantino el próximo 20 de mayo.

El Ejecutivo de Elche ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación este viernes, 14 de mayo para dar su versión de los hechos. Han estado presentes el alcalde de Elche, Carlos González; el portavoz del Gobierno, Héctor Díez; el portavoz adjunto, Ramón Abad; y la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá.

El regidor ha recogido durante la intervención una serie de ejemplos sobre los procesos de contratación en el Ayuntamiento entre los que destacan el Servicio de Comedor Social en el barrio de Palmerales y el Servicio de Respiro Familiar llevado a cabo por DYA.

Además, González se ha defendido de las acusaciones sosteniendo que “la actuación del Gobierno Municipal en la gestión económica es intachable desde el punto de vista ético y jurídico, estricta y rigurosa, y que cada euro que se gasta o se invierte en este Ayuntamiento está sometido a todos los controles jurídicos que exige nuestro ordenamiento, es decir, conforme a derecho”.

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