Compromís vuelve a insistir con la propuesta que viene avalada por un Dictamen elaborado por un equipo de Catedráticos de alto prestigio, adscritos al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de València para concretar una solución a los cientos de miles de trabajadores públicos afectados por el abuso en la contratación por parte de la Administración.

El Gobierno vetó el día 4 y dio por concluida la tramitación de la Proposición de Ley
impulsada por la coalición para dar cumplimiento a la sentencia europea y directiva sobre
trabajo temporal que ha condenado a España por abusar de los interinos “sin que proceda
su toma en consideración”, al manifestar el Gobierno su disconformidad, por el impacto que
podía suponer para los Presupuestos Generales del Estado en vigor. Compromís sostenía en su moción, a la que dan apoyo numerosos grupos de interinos, que la Proposición no tiene un impacto económico significativo en el conjunto de las cuentas públicas al estar ya ocupando el personal afectado plazas en la administración.

No obstante, el Gobierno cifró en “al menos 1.800.000 euros” el aumento de los créditos en los Presupuestos Generales del Estado en vigor de esta iniciativa. De dicha cantidad, unos 800.000 euros afectarían a la Sección 22, Servicio/Organismo 101 (Instituto Nacional de Administración Pública), programa 921O, conceptos 233 y 226.07 (cuerpos generales) y el resto impactaría en las correspondientes partidas presupuestarias de los Departamentos ministeriales que convocan procesos selectivos para cuerpos especiales. Cuantificamos así, siguiendo el criterio del Gobierno, en 1.800.000 euros el coste de la presente iniciativa legislativa.

Para Mulet, “asumimos esa cifra, aunque no la compartimos, para evitar un nuevo veto
del Gobierno que retrase la tramitación de nuestra propuesta. No entendemos la
negativa del Gobierno progresista a abordar esta cuestión tras las recientes
sentencias en Europa que dejan bien clara la responsabilidad de la Administración y
ante la que solo caben unas medidas que el Gobierno elude tomar. Si la solución de
800.000 afectados cuesta 1,8 millones, que lo hagan ya”, ha concluido el senador.

Si ayer la coalición propuso la comparecencia ante la Comisión de Función Pública de la que forma parte Carles Mulet de José María Goerlinch Peset y Remedios Roqueta Buj, catedráticos del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de València Estudio General para aportar su opinión de cara a aprobar una
norma legal sobre la base de la jurisprudencia del TJUE, posibilitando un proceso
extraordinario de consolidación de empleo temporal, hoy ha reclamado la presencia en la misma comisión de Francisco Javier Araúz de Robles Dávila, que representa a miles de
interinos de toda España.

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